El caso ‘Convenios’ mantiene la agenda de los medios marcada por los temas de corrupción, se percibe una intencionalidad por mostrar que los casos contra la probidad afectan a todos los sectores políticos, produciéndose un empate catastrófico para el sistema de representación. Las últimas informaciones que llegan desde La Tercera, apuntan al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como un blanco de investigación de la fiscalía por cohecho.

Las informaciones sobre Jadue han estado permanentemente presentes en los medios corporativos, sin embargo, mucho se especula, pero nada concreto ha sido demostrado judicialmente, creando en la opinión pública una sensación de persecución política que se vuelve contra los propios medios acusadores, restándoles credibilidad.

En el artículo de La Tercera -reproducido después por distintos medios corporativos-, se hacen una serie de acusaciones sin sustento en actores entrevistados, serían trascendidos de una investigación del Ministerio Público , que queda en el terreno de la especulación periodística: “cuentan fuentes del caso, se le atribuirá autoría en la presunta solicitud de coimas a Best Quality SPA, firma que durante la pandemia proveyó a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) -representada por el militante comunista- miles de insumos médicos: mascarillas, pecheras, guantes y alcohol gel” (La Tercera.com 14/07).

Para darle una connotación de realidad a las especulaciones se menciona que: “Quienes han conocido de las últimas pesquisas sostienen que habrían surgido antecedentes sobre la intención del alcalde de dimitir, lo que se desprende a partir de declaraciones de algunos testigos en la causa” (La Tercera.com 14/07). La intencionalidad de dimisión de Jadue es indicada como aceptación de culpabilidad pero nuevamente las fuentes no son identificadas.

El lawfare (1) como herramienta política de desprestigio público, necesita la participación de los medios de comunicación; se requiere de una sospecha creíble que se viralice con un mensaje en lo posible lógico, que haga sentido en la opinión pública. El ataque mediático a Jadue se da en un contexto general de acoso y presión al Partido Comunista con infinidad de columnas, entrevistas y notas de la prensa corporativa, contra ese partido por el tema de la renuncia de Patricio Fernández como coordinador de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del ejecutivo. Se culpa al PC de “intolerancia y atacar a la libertad de expresión” por buscar la salida de Fernández quien “relativizó” o no condenó taxativamente el golpe.

El apuntar al edil comunista en momentos álgidos de acusaciones mediáticas, cierra el círculo demostrando que hasta el Partido Comunista es propenso a conductas reñidas con la probidad. Además se puede inferir un espíritu de revancha contra este partido.

Como mencionamos en el análisis de la quincena anterior, la corrupción generalizada sería producto de un sistema que promueva estas prácticas, donde ningún partido puede representar una superioridad moral: un empate catastrófico para toda la elite que queda desnuda frente a la opinión pública y que explica la desafección del ciudadano con la política, el estallido social y las fluctuaciones de los resultados electorales de acuerdo a la coyuntura y al manejo mediático de ésta.

La herramienta política del lawfare tiene la capacidad de defenestrar candidaturas, encarcelar a expresidentes como en el caso de Lula da Silva o a mandatarios en ejercicio como en el caso de Dilma Rousseff. El daño que produce el lawfare no necesita de certezas jurídicas si no que, de sospechas creíbles, aunque pasado un tiempo, estas sospechas se desmoronen.

La guerra jurídica tiene que estar respaldada en informaciones de prensa, lo que le da una seriedad y cobertura necesaria para ser machacada en el imaginario de la opinión pública; esa es la gran diferencia entre las noticias que entregan los medios versus las informaciones aparecidas en redes sociales, estas últimas si bien pueden llegar a muchas personas, no tienen la capacidad de crear realidad, a no ser que sea momentáneamente, cayendo en lo que se conoce como fake news o noticias falsas.

La participación mediática es entonces central en la creación de desinformación ya que está apoyada en la seriedad del medio y en el profesionalismo de los periodistas; sin embargo, los medios, en tiempos en que han dejado de ser un negocio lucrativo, son órganos de uso exclusivamente político, los que no necesariamente mienten, pero si manipulan a la opinión pública al incluir un tema y dejar fuera a otro o al redactar notas basadas en sospechas o trascendidos.

El problema que representa la prensa corporativa en un sistema democrático no es menor, por que muchas veces decide las batallas electorales y comunicacionales, representando una cancha dispareja entre los diferentes actores políticos lo que mantiene la hegemonía de un sector por sobre las grandes mayorías.

La Comisión sobre la Desinformación creada por el gobierno de Gabriel Boric contenía la intencionalidad de analizar la problemática de la prensa, lo que implicaba una buena noticia para quienes estudiamos el comportamiento de los medios; pero, la importancia política de mantener la potestad sobre los mass media, crearon una oposición férrea a la Comisión desde la propia prensa, asociaciones gremiales y personeros de partidos políticos.

Como gran parte de las iniciativas del gobierno de Boric, la presión hace recular al ejecutivo en una debilidad política congénita donde la voluntad de consensuar se sobrepone a la necesidad de avanzar en las transformaciones prometidas; así nos enteramos que: “Entre los acuerdos más relevantes, se acotó el alcance de la comisión al estudio y análisis del fenómeno de la desinformación en plataformas digitales, excluyendo del análisis los medios de prensa” (Biobiochile.cl 11/07).

Por otra parte, la prevalencia de los temas de corrupción en la agenda que han marcado las últimas semanas manteniendo al Frente Amplio y al oficialismo en una crisis permanente, tuvo como mejor aliado a los propios partidos de la derecha, quienes levantaron una acusación constitucional contra el ministro de Educación en una operación que solamente les interesa a la elite política y que se encuentra alejada del ciudadano; el fracaso de la acusación sumió a la propia derecha en una crisis: la debilidad de la izquierda encuentra en la incapacidad de la derecha a su mejor aliado.

Centro de Estudios de Medios

(1) La expresión se trata de una contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra), que refiere a una “guerra judicial” o “guerra jurídica”.

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