Como es sabido, la Región Metropolitana en su totalidad entró en cuarentena total, lo que significa una serie de restricciones a garantías fundamentales y, lo más lamentable de todo: pérdidas de fuente laboral, hambre, pobreza y desamparo. Esta cuarentena se decreta en medio de un proceso eleccionario inédito en la historia de Chile y por el que hemos esperado décadas. Luego del despertar de Chile, se levantó un proceso constituyente protagonizado por un pueblo históricamente postergado por la élite, en un modelo de sociedad que arrastramos desde la dictadura. Lo que se juega en estas elecciones no es un evento político más, sino la posibilidad de trascender la historia completa de nuestro país.

En el marco de la pandemia y la crisis sanitaria, la postergación de las elecciones debe decidirse siempre poniendo la salud y la seguridad de las personas en primer lugar. Evaluando la evidencia disponible sobre la posibilidad de que ir a votar ese fin de semana pueda empeorar los contagios. Debe ser, nada más y nada menos, que el último recurso tras agotar todo el resto de las salidas posibles. Y no es menos cierto que el gobierno se ha negado a echar mano de otras medidas.

Llegar a esta instancia, en palabras del propio ministro de Salud, implica que estamos en un “estado de catástrofe”. Sin embargo, la actual administración ha venido cometiendo una serie de negligencias para la contención, control y aseguramiento de la salud de las personas que habitan nuestro país (los permisos otorgados para el 18 de septiembre y de vacaciones en el periodo de enero y febrero del año en curso, por mencionar algunas). Siendo, por tanto, responsabilidad de este gobierno cualquier aplazamiento del calendario electoral, así como cualquier consecuencia sobre la legitimidad del proceso democrático de elección de autoridades. Un eventual aplazamiento de los comicios debe basarse en una decisión que pondere factores sanitarios y políticos: por una parte, una estrategia de salud pública universal que se haga verdaderamente cargo del problema, sin improvisaciones ni espaldarazos entre el ministro y el Presidente por cadena nacional; y por otra, considerar la Justicia Electoral como baluarte democrático, atendiendo las pocas o nulas capacidades de amortiguar un aplazamiento que la gran mayoría de candidaturas tienen (especialmente las independientes). Sin estos elementos, la decisión sólo significaría aplazar un compromiso electoral histórico en virtud del beneficio de algunos pocos (como ya estamos acostumbrados en la historia de nuestro país).

Garantizar la igualdad de condiciones de participación para las candidaturas independientes es fundamental para dar legitimidad a este proceso. Estas campañas ya han avanzado con dificultad debido a la escasez de recursos, frente a millonarias campañas financiadas por grupos de interés económico, quienes no quieren los cambios que se aprobaron en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, muchos de quienes votaron Rechazo en tamaña hazaña histórica electoral. Dejar suspendido el proceso aumenta la dificultad de su desempeño. Considerando lo anteriormente planteado, el gobierno debe tomar las medidas concretas que permitan a las candidaturas independientes ya sean en pactos o listas de independientes poder seguir compitiendo equitativamente en este proceso, para lo cual tienen que considerarse los siguientes puntos dentro de las conversaciones o negociaciones que se sostengan:

1. Si la gravedad de la situación sanitaria implica aplazar el proceso eleccionario y, por tanto, asumir que estamos en una grave crisis de salud pública, el gobierno debe garantizar el Ingreso Universal de Emergencia para dar a la ciudadanía la real posibilidad de poder cumplir con las cuarentenas, enviando a la brevedad un proyecto de ley sin postulaciones de por medio ni letra chica economicista.
2. Buscar por parte del Servel una modalidad equitativa que permita sostener de manera igualitaria las campañas de candidaturas, sea estableciendo techos de gasto electoral bajos o reembolsando a todo evento, pudiendo así afrontar las dificultades generadas por esta medida.
3. Este aplazamiento obligado no debería, en ningún caso, afectar el calendario electoral futuro, específicamente de las elecciones parlamentarias y presidenciales, ya que afectan directamente la voluntad popular en los términos de los periodos legales del ejercicio de estos cargos.
4. Que, si bien se ha decretado cuarentena total para toda la Región Metropolitana, vemos a las grandes tiendas disponibles y el transporte público saturado. Las grandes empresas continúan funcionando bajo pretexto de cumplir una función estratégica, mientras que las Pymes tienen que resistir los golpes económicos de las restricciones a las garantías fundamentales de desplazamientos y realizar una actividad económica lícita.

Lo que está en juego es el presente y el futuro del país, con el cuidado de las personas en el centro de todo nuestro actuar, por lo tanto, poner en riesgo el proceso democrático trazado y aprobado por la ciudadanía. Es hipotecar la posibilidad histórica de cambiar totalmente las reglas del juego, a cambio de un fracaso que pagaremos ahora y también las futuras generaciones.

Camila Musante
Abogada.
Docente de la Universidad Abierta de Recoleta