Opinión / Anglo American: el gobierno negocia glaciares a través de la comunidad científica

Hace unos días la empresa Anglo American, firmó un convenio con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para financiar un programa para la investigación de la minería de montaña y el impacto en el agua y glaciares de la Región Metropolitana. ¿Qué implica el convenio? Un aporte, por parte de Anglo American, de tres y medio millones de dólares a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, por un periodo de cuatro años. Busca financiar proyectos hasta por un total de siete millones de dólares, considerando un co-financiamiento equivalente por parte del organismo estatal. Lo que a priori se presenta como una mera alianza público-privada no puede ser vista sin tener en cuenta el actual proceso de ampliación de la faena de la mina ‘Los Bronces’ que se encuentra en el Sistema de Evaluación Ambiental.

Lo anterior es una clara muestra de la política de alianzas que está generando el gobierno, la que sólo favorece a un actor privado (Anglo American), en desmedro de la sociedad civil que tiene que aguantar la destrucción de glaciares y el incumplimiento de los estándares ambientales exigidos en nuestro país, pues no existe mejor incentivo para la aprobación de un proyecto que un estudio que se presentará como independiente, con el membrete de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, pero que en la práctica será financiado según los estándares que la incumbente en la evaluación pueda imponer. Sólo a modo de ejemplo de la influencia que puede tener un actor privado en la forma en que se desempeña un rol público recordemos que en 2019 hubo un deslizamiento de la ladera en Yerba Loca a la mina de Anglo American, cuestión que fue completamente tolerada por parte del Municipio de Lo Barnechea. En dicha ocasión un famoso montañista informó a través de sus redes sociales que el municipio habría cerrado el acceso al glaciar, para evitar exponer los posibles daños que Anglo American estaría provocando en el cuerpo de hielo. El ex alcalde de Lo Barnechea, y hoy intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, llegó al extremo de demandar exigiendo una indemnización por las críticas esbozadas por el acusador. Dentro de los documentos presentados en el juicio se dio cuenta de una serie de donaciones realizadas por la minera al municipio, sembrando al menos un manto de dudas respecto al actuar de la alcaldía defendiendo los intereses de la mina Los Bronces.

Hoy, entonces, lo que se encuentra en riesgo, es un concepto simple pero fundamental para todas las ciencias: la independencia de la comunidad científica. Cuando ésta se pierde, se acaban las confianzas, o peor aún se confía en las credenciales sin conocer el verdadero afán de quien encarga y dirige las investigaciones, dando cabida posturas pseudo avaladas por investigaciones parcializadas. Desde los trabajos de científicos en el bolsillo de lobbistas por el plomo, que permitieron e impulsaron el uso de tan pernicioso elementos en juguetes infantiles, pintura para casas, el combustible o las cañerías de agua, condenando a muchos países a lidiar hasta el día de hoy con el manejo de este elemento tóxico. O el lobby de la industria alimentaria, que se opuso férreamente a la ley de etiquetado de alimentos. O los estudios que en décadas pretéritas nos hablaban de las maravillas del consumo de tabaco en mujeres embarazadas.

Los ejemplos, lamentablemente, son muchos. Pero el común denominador de todos ellos es que utilizaron para sus propios fines la confianza intrínseca que el trabajo científico tiene para la sociedad. Hoy no podemos permitirnos caer en los mismos errores del pasado, pues el año que recién terminó nos ha demostrado lo importante de escuchar y hacer caso a los expertos. Es fundamental mantener una sana separación entre el rol estatal de fomento de las ciencias y el interés privado para la realización de una actividad económica.

No nos confundamos. La actividad privada puede aportar recursos para investigación si así lo estima pertinente. A través de casas de estudio o de organismos públicos. Pero su rol se acaba en la entrega de las donaciones o recursos materiales a dichas entidades, quienes deben, de forma independiente, estimar su aplicación en aras de la profundización del conocimiento científico nacional y el desarrollo de nuevas tecnologías para nuestro país. Para todo lo demás, que encarguen sus estudios de manera privada y traten de justificar sus actividades sin el membrete de un organismo público.

Camila Musante
Abogada
Docente de la Universidad Abierta de Recoleta